Este caso marca un hito en la provincia de Valencia, ya que es la primera vez que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoce de manera explícita que hubo un incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de la Generalitat hacia sus empleados durante los primeros meses de la pandemia.
Según la Seguridad Social, la administración valenciana “incumplió las medidas de seguridad y salud laboral” que habrían evitado que la doctora contrajera la enfermedad. Como resultado, la Generalitat Valenciana deberá pagar la cantidad de 11.965 euros a la profesional de la salud, quien estuvo de baja durante un año debido al contagio.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó un escrito ante la Dirección Provincial del INSS, alegando que la Consejería de Sanidad no cumplió su obligación legal de proporcionar a sus empleados los medios de protección necesarios para garantizar condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. En un comunicado, el sindicato destacó que el 31 de enero de 2020 enviaron una solicitud por escrito a la Consejería para conocer las medidas de protección que se iban a adoptar ante la propagación del Covid-19, pero no obtuvieron respuesta alguna.
En marzo de 2020, cuando la pandemia llegó a España, los profesionales de la salud se enfrentaron a la escasez de mascarillas, equipos de protección individual (EPI) y batas. Según el CSIF, la doctora afectada por esta resolución sufrió un accidente laboral el 17 de marzo, que consistió en una neumonía por Covid-19. Como resultado de este accidente, la doctora ha experimentado ciertas lesiones que le han causado una incapacidad temporal hasta abril de 2021, según consta en el expediente del INSS.
El sindicato presentó un escrito ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social para solicitar un recargo en las prestaciones económicas derivadas de este accidente de trabajo, debido a la falta de medidas de seguridad, y pidió que se condene a la Consejería de Sanidad a asumir el recargo exclusivamente. La resolución emitida por el INSS confirma el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral y propone un aumento del 30% en las prestaciones derivadas de dicho accidente, siendo la Generalitat Valenciana la responsable. En el caso de la afectada, este recargo se traduce en la suma de 11.965 euros.
El CSIF destaca que este es el primer caso en la provincia de Valencia en el que el INSS reconoce explícitamente el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de la Generalitat hacia sus trabajadores durante los primeros meses de la pandemia, y resuelve que la administración debe asumir la responsabilidad y pagar el recargo correspondiente.