CESM respalda las movilizaciones que tienen lugar estos días en la sanidad pública

Aunque hay que darlo por supuesto, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que están afiliados más de 40.000 médicos españoles y es por tanto la organización mayoritaria del sector, desea hacer explícito su apoyo a las movilizaciones que están teniendo lugar estos días en varios comunidades del país, así como a las que están convocadas para fechas próximas.
El telón de fondo de los actos de protesta que se llevan a cabo en comunidades autónomas como Madrid, Valencia o Andalucía, o los que tendrán por escenario pronto a Galicia, Baleares y otras regiones, son los tijeretazos indiscriminados que están sufriendo los médicos en sus salarios y condiciones laborales (aumento de jornada, disminución de guardias, incumplimiento o recorte drástico de complementos como el de Carrera Profesional, etc.).
Felicitamos, por cierto, al sindicato confederado de Madrid (Amyts) por haber conseguido que la huelga promovida desde el día 26, y que culmina, hoy, haya cumplido el objetivo previsto: manifestar la repulsa generalizada de los facultativos por los recortes decretados recientemente por el gobierno autonómico sin ocasionar especiales perjuicios a los pacientes.
Tambíén queremos reconocer el sostenido impulso que está llevando a cabo la organización confederada CESM-CV en defensa de la sanidad pública, sobre la que se ciernen sombras a raíz de que el Ejecutivo valenciano decidiera privatizar su gestión.
Maltrato a los profesionales
Da la impresión de que, ni de lejos, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas de las que depende la gestión del servicio, tienen un plan para solventar la elevada deuda que acumula el sector –entre 16.000 y 20.000 millones de euros-, y que lo único que se les ocurre, porque resulta lo más sencillo de poner en práctica, es meter la mano en el bolsillo de los profesionales.
CESM entiende que esto es una actitud suicida, porque, en particular, el maltrato a los médicos supone minar el principal activo de la sanidad pública.
De hecho, si el Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue gozando de alto predicamento en el exterior (y también España, no lo olvidemos, donde el funcionamiento del servicio sanitario tiene un alto aprecio entre los ciudadanos, todo lo contrario de lo que ocurre cuando se les pregunta por los políticos) es gracias a que los facultativos españoles realizan una labor con similares estándares de calidad que en los mejores países a cambio de sueldos comparativamente muy bajos.
No es de extrañar, por tanto, que aumente la tentación en muchos médicos españoles de abandonar la sanidad pública y desarrollar su trabajo en el sector privado o en otras naciones donde se les trata y retribuye mejor.
Lo que parecen no comprender nuestros políticos es que la sanidad es un servicio social cualificado donde la optimización del gasto (y previsible ahorro) requiere contar con el médico, por cuyas manos pasan el 80% de las decisiones asistenciales que se reflejan en el balance económico de los centros.
Cualquier empresa de vanguardia –y la Sanidad siempre lo será- sabe que su mejor capital es el humano. Si eso es así, ¿por qué e margina a los médicos a la hora de plantear ajustes? Mejor dicho: ¿por qué nos llevamos por ahora la peor parte en el reparto de sacrificios?
Un pacto urgente
En cuanto a nuestros políticos, su único objetivo ahora debería ser acometer las reformas estructurales que necesita el SNS, para lo cual es urgente alcanzar un pacto que tenga el mayor respaldo parlamentario posible.
Dicho pacto debe tener por finalidad el sostenimiento de la calidad de servicio público, lo cual exige:
– dotar al sistema de unos presupuestos reales y finalistas
– un órgano de gobierno que vertebre a los 17 servicios autonómicos de salud. Este papel le corresponde por ley al Consejo Interterritorial, pero huelga decir que no lo ha cumplido.
– una cartera de servicios definida y respetuosa con los principios de equidad, universalidad y solidaridad.
– una política de personal que ponga freno a la creciente disparidad en condiciones laborales según la comunidad autónoma en la que trabajemos, y que se muestre a su vez capaz de planificar las necesidades de especialistas en el futuro.
– incrementar la productividad y eficiencia del SNS mediante un plan estructural de reformas que contemple la reducción al mínimo de la burocracia.
– dar mayor responsabilidad a la Atención Primaria en el manejo de los procesos asistenciales, al ser notorio que el 80% de ellos pueden resolverse en dicho ámbito. Se evitaría así el sobrecoste que tiene la asistencia especializada.
– desarrollar la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) y cambiar el modelo retributivo de los médicos para que deje de ser cuasi funcionarial y vincule buena parte de los salarios con los resultados y la calidad.

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