El Estatuto Marco del personal sanitario, impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, afronta un nuevo frente de oposición, y esta vez no procede de los sindicatos médicos ni de la oposición parlamentaria, sino del propio Gobierno. Los ministerios de Hacienda y Economía han remitido sendos informes en los que cuestionan aspectos clave del proyecto de ley y reclaman que se cuantifique con precisión su coste antes de continuar con la tramitación.
Un informe fechado el 24 de julio pone en duda la memoria económica
El documento más contundente procede de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, fechado el 24 de julio de 2026. En él, el departamento que dirige María Jesús Montero señala que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que acompaña al anteproyecto no recoge ningún análisis real sobre la incidencia del texto en los costes de personal de las comunidades autónomas.
Hacienda considera inaceptables las justificaciones ofrecidas por el Ministerio de Sanidad para no realizar esa estimación, entre ellas la heterogeneidad de las estructuras retributivas y organizativas de los distintos servicios autonómicos de salud. Según el informe, esa diversidad de partida no debería impedir que la memoria incorpore una estimación aproximada a partir de los datos disponibles actualmente.
El departamento reclama de forma expresa un estudio que permita anticipar el gasto de personal que generará la norma y su impacto presupuestario en cada comunidad autónoma, e insiste en que sea el propio Estado quien identifique la financiación con la que compensará a las autonomías ante los previsibles incrementos de gasto.
Economía coincide: la reforma necesita números, no solo intenciones
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, dirigido por Carlos Cuerpo, ha remitido un informe en la misma línea, en el que reitera observaciones ya trasladadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado 25 de mayo. El documento admite que se ha realizado un análisis de las medidas con potencial impacto económico, pero sin llegar a cuantificarlo, algo que el ministerio no considera suficiente pese a la diversidad de modelos de gestión autonómicos.
Entre los puntos señalados por ambos departamentos como generadores de coste directo figuran:
- La reducción de la jornada máxima conjunta de 48 a 45 horas semanales.
- Los cambios en la clasificación profesional y en las retribuciones básicas del personal estatutario.
- Las nuevas medidas de movilidad y desarrollo de carrera profesional.
- Los complementos, incentivos y otros conceptos retributivos de nueva creación.
- La incompatibilidad de una segunda actividad en el sector privado para cargos intermedios, que Economía señala que carece de justificación de interés público en la memoria.
Sanidad, por su parte, sostiene en la documentación remitida que la norma no persigue un efecto económico directo, sino mejorar las condiciones laborales del personal estatutario y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y cifra en cerca de 250 millones de euros la inversión prevista para el primer año de aplicación si el texto sale adelante.
Un varapálo con origen dentro del propio Ejecutivo
La relevancia del episodio radica en su procedencia: son informes preceptivos emitidos por otros departamentos del propio Gobierno durante la tramitación del proyecto, no observaciones de terceros. El Estatuto Marco ya ha sido aprobado en Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, un proceso en el que ahora deberá responder también a las dudas planteadas desde Hacienda y Economía sobre su sostenibilidad presupuestaria.
El desencuentro se suma a un contexto ya tensionado por el rechazo del colectivo médico al texto, que ha llevado a las organizaciones sindicales del ámbito a mantener movilizaciones y a anunciar una huelga indefinida. La falta de una cuantificación clara del coste refuerza los argumentos de quienes reclaman una revisión del anteproyecto antes de su aprobación definitiva.
Fuente: información contrastada a partir de los informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sobre el Proyecto de Ley del Estatuto Marco.